Protegiendo la Prosperidad: Informe del programa de Representación Universal de Oregon

Equity Corps of Oregon (ECO), el programa estatal de representación universal, ha brindado representación legal gratuita a más de 26,000 inmigrantes residentes en Oregón desde su lanzamiento y prevé que esa cifra aumente a 30,000 para finales de año. El programa, establecido en 2022 por la Legislatura de Oregón y diseñado y administrado por organizaciones comunitarias, busca brindar estabilidad a las familias y trabajadores inmigrantes mediante la oferta de apoyo legal fundamental en todo el estado.

El modelo de ECO, impulsado por la comunidad, conecta a los inmigrantes con servicios legales, representación en casos de habeas corpus, defensa contra la deportación, solicitudes de asilo, trámites de permisos de trabajo y más. “ICE está atacando a las comunidades”, afirmó Stephen Manning, miembro del Comité Ejecutivo del Alivio Laboral. “Vemos a ICE sobrevolando escuelas con drones y a personas siendo secuestradas en plena calle por agentes enmascarados en vehículos sin identificación. ECO es un salvavidas para los inmigrantes de Oregón, permitiéndoles defender sus derechos y los valores del estado”.

Entre los logros clave destacados en el informe más reciente de ECO se incluyen:

• 26,007 personas atendidas en todo el estado, incluidos 9,077 menores de edad.
• 3,300 residentes de Oregón defendidos ante los tribunales.
• 6,000 solicitantes de asilo apoyados en su búsqueda de protección legal.
• Más de 250 talleres comunitarios de capacitación para informar a los inmigrantes sobre sus derechos.

El informe incluye recomendaciones fundamentales, tales como explorar soluciones innovadoras junto con el Colegio de Abogados de Oregón (OSB) para aumentar la participación de abogados —que reciben fondos del OSB para ofrecer defensa contra la deportación— en estos casos; adaptar los sistemas para mejorar la experiencia de los miembros de ECO; y abogar por una mayor inversión en los programas de ECO.

Al asumir el cargo, la administración Trump prometió tomar como objetivo a inmigrantes y refugiados en todo el país mediante una abrumadora lista de órdenes ejecutivas destinadas a limitar la inmigración a Estados Unidos, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, entre otras medidas. Lo que siguió fueron algunos de los peores ataques contra los inmigrantes de Oregón en décadas. Agentes federales inundaron el estado con tecnología de vigilancia avanzada, vulneraron derechos civiles y libertades fundamentales, y desgarraron familias y comunidades.

A medida que se desmantelaban vías legales como el programa de reasentamiento de refugiados, los ataques contra las comunidades se intensificaron, sembrando el miedo y el caos. Se revocaron políticas y memorandos cruciales, como el memorando sobre “lugares sensibles”, que limitaba las operaciones de control migratorio en sitios como escuelas, centros de salud y lugares de culto. Esto generó un efecto intimidatorio en las escuelas, los espacios comunitarios y los centros de salud de Oregón. Estas situaciones derivaron posteriormente en detenciones en los tribunales, pérdida de ingresos, separación de familias y muertes. Toda la nación sintió estos efectos, y nosotros los vivimos intensamente en nuestros vecindarios y comunidades.

Décadas de inacción del Congreso en materia de reforma migratoria han provocado un enorme retraso en los tribunales, haciendo que la resolución de los casos pueda llevar años. ECO colabora con organizaciones comunitarias, representantes legales y abogados para garantizar que los inmigrantes reciban el apoyo que necesitan.

El informe presenta historias de participantes de ECO, como Victor Cruz Gamez, un pequeño empresario de Hillsboro, Oregón, detenido ilegalmente por ICE cuando regresaba del trabajo, y Maria Loya Medina, una madre de Albany, Oregón, que compraba calcetines para su hijo cuando agentes de ICE rompieron las ventanillas de su automóvil para detenerla ilegalmente.

Sin representación legal, los inmigrantes de Oregón corren un mayor riesgo de ser deportados, independientemente de los méritos de su caso. Los empleadores de Oregón asumen los elevados costos de rotación de personal —incluyendo contratación, capacitación y pérdida de productividad— cuando sus empleados son detenidos y deportados innecesariamente. Si se deporta al principal proveedor de una familia, los miembros de esta se enfrentan a la inseguridad alimentaria y habitacional. Los niños deben lidiar con el enorme trauma de la separación familiar, lo que conlleva consecuencias psicológicas duraderas.

Los líderes de ECO subrayan la necesidad de contar con recursos continuos para garantizar que el programa pueda atender a todos los habitantes de Oregón que cumplan con los requisitos.

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